Durante la emergencia sanitaria que enfrenta el país, aquellas personas aprisionadas se han visto afectadas por la inconsistencia de pruebas en su contra y la restricción de visitas.
Por Rahien Calderon y Sebastián Moreno
Al hablar de prisioneros políticos en Chile es posible relacionarlos directa e históricamente con manifestaciones en el país. Si retrocedemos aproximadamente un año atrás, luego del estallido social de octubre, se registraron un total de 24.567 detenidos según declaró Carabineros de Chile a Pauta, siendo la mayoría en contexto de protestas. A su vez, se denunciaron miles de casos de DD.HH (derechos humanos) contra los efectivos policiales.
Asimismo, son en gran cantidad las familias que se han organizado para pedir justicia para los presos detenidos injustamente en el estallido. Un gran ejemplo es el caso Daniel Morales y su sobrino de 17 años, quienes fueron detenidos el año pasado por su presunta participación en la quema del Metro Pedreros.
Tras casi un año de encierro en el penal Santiago 1, fueron absueltos tras un fallo del Séptimo Tribunal Oral de Santiago. Según José Pérez, juez encargado del caso, declaró a Cooperativa “La prueba rendida para acreditar la participación del segundo de los delitos deviene un serio problema de legalidad, coherencia y fe en lo que en ella se intentó acreditar (…)»
Con esto quedan en evidencia las grandes falencias e inconsistencias que estarían teniendo las acusaciones a civiles para llevarlos al encierro definitivo. El desesperado intento por buscar culpables a los sucesos ocurridos del estallido por parte del gobierno, está privando de libertad a personas inocentes por crímenes que no han cometido. Y para más remate, con pruebas de dudosa procedencia e incompletas.
Privados de libertad y de visitas
En la actualidad las visitas a los privados de libertad han sido suspendidas por la pandemia de Covid-19, sin embargo en varias comunas de la región metropolitana y en regiones a lo largo del país, se está volviendo a una nueva normalidad en la cual restaurantes, malls, y comercios han vuelto a abrir, es aquí donde nace la demanda e incógnita por parte de los familiares de prisioneros, en específico de prisioneros políticos ¿y las visitas a los presos para cuando?
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A lo largo del país existen diversas coordinadoras que ofrecen soporte y ayuda a aquellas personas que han sido encarceladas sin grandes justificaciones, en las cuales realizan diversas actividades como rifas, ollas comunes, colectas, para las familias de los afectados. Además, realizan los llamados “barrotazos” protesta que consiste en ir a las cárceles para exigir la libertad y visitas inmediatas de los presos.
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